Se pone fin definitivo al matrimonio y a su vez a toda obligación que genera.
a) Se extinguen los derechos de herencia que posee la pareja entre sí. O sea dejan de ser herederos del cónyuge, porque ya no es cónyuge.
b) No cambia, bajo ningún caso, los deberes como padres hacia los hijos.
c) Si el matrimonio fue bajo un régimen de sociedad conyugal, esto también se extingue.
d) El estado civil de los “ex-cónyuges” pasa a ser “divorciado (a)”.

En principio, el patrimonio propio no sufre alteración. Sin embrago hay que analizar el régimen patrimonial que regía al matrimonio, separación de bienes o sociedad conyugar, u otro.

En cuanto a la indemnización de perjuicios con ocasión del divorcio, principalmente, debemos precisar que en la ley 19.947 se establece el derecho a la compensación económica, que no es una indemnización de perjuicios por más que mucha gente lo conozca así, aunque tengan ambas similitudes.

Podemos definir al divorcio como la disolución legal de un matrimonio, a solicitud de uno o de los dos cónyuges, cuando se dan las causas previstas por la ley. Debemos decir que esta definición es bastante acertada independientemente de no ser muy detallada, ya que nos da las ideas centrales de lo que es el divorcio, es decir, terminar de manera legal con un matrimonio.

En nuestra legislación actual existen 2 tipos de divorcios, divorcio culposo y divorcio por cese de convivencia, este último a su vez puede ser divorcio por cese de convivencia de común acuerdo o divorcio por cese de convivencia unilateral.

Dependiendo del tipo de divorcio se deberá cumplir con distintos requisitos, lo que pasaremos a explicar:

a) Divorcio culposo:
Que uno de los cónyuges haya incurrido en una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común.

b) Divorcio por cese de la convivencia de mutuo acuerdo:
Haber transcurrido a lo menos 1 año desde el cese de la convivencia.
Que los cónyuges se encuentren de acuerdo en cuanto a ponerle término al matrimonio y en cuanto a las materias que se deben regular en el acuerdo completo y suficiente.

c) Divorcio por cese de la convivencia unilateral:
Haber transcurrido a lo menos 3 años desde el cese de la convivencia.

El cese de la convivencia se refiere a la época en que los cónyuges han dejado de convivir en un hogar común.
El cese de la convivencia se debe probar, y la forma de probarlo dependerá de la fecha en que se haya celebrado el matrimonio.
a) Matrimonios celebrados con anterioridad al 17 de noviembre de 2004, el cese de la convivencia se podrá probar a través de cualquier medio de prueba con excepción de la confesión de parte.

b) Matrimonios celebrados con posterioridad al 17 noviembre de 2004, el cese de la convivencia solo se podrá probar por:

• Acta de cese de convivencia que firman ambos en el Registro Civil o en una notaría por escritura pública. En el Registro Civil es gratis.

• Si no hay Acuerdo, acta de cese de convivencia que firma uno de los dos en el Registro Civil y que luego se notifica al otro cónyuge por medio del Tribunal de Familia.
•
• Constancia del cese en un juicio cualquiera (por ejemplo si ha habido un juicio por alimentos o tuición).

Una vez que se haya realizado el cese por una de las formas mencionadas, recién empieza a correr el plazo de un año para el divorcio acordado o de tres años para el divorcio sin acuerdo.

Primeramente, señalaremos que los plazos dependen del tipo de divorcio que se vaya a demandar o solicitar, y que estos comienzan a computarse desde el cese de la convivencia, así:
Si el divorcio es de mutuo acuerdo, el plazo mínimo para solicitarlo es de un año contado desde el cese de la convivencia.
Si el divorcio es unilateral, el plazo para demandar será de 3 años contados desde el cese de la convivencia.
Respecto al divorcio denominado culposo, no existen plazos asociados a su demanda.

El divorcio de mutuo acuerdo es una clase de divorcio, es decir, una forma de poner término al matrimonio, en el cual como lo dice su nombre se producirá la terminación por el acuerdo de los cónyuges, así queda de manifiesto que un requisito esencial de esta clase de divorcio es el acuerdo.
Se debe hacer presente que esta clase de divorcio es una de las más convenientes desde todo punto de vista, ya que es el que trae menos consecuencias emocionales para los ex cónyuges, y también supone una terminación más o menos pacífica del matrimonio, así como de todas las consecuencias jurídicas patrimoniales que de él emanan.

Es un documento a través del cual los cónyuges regularán todas las materias referentes a las relaciones mutuas de los cónyuges, así como también las materias vinculadas al régimen patrimonial y a los hijos.

Efectivamente la nueva Ley de Matrimonio Civil, ha contemplado un mecanismo para poder divorciarse (con disolución de vínculo matrimonial) cuando sólo un cónyuge así lo desea, pero en este caso se deberán reunir requisitos distintos de aquellos necesarios en el divorcio de común acuerdo.

El divorcio unilateral es otra de las formas de divorcio que contempla la Ley de Matrimonio Civil, que para su procedencia necesita la voluntad de uno de los cónyuges, además del transcurso de un plazo de 3 años que se contará desde el cese de la convivencia.

Este es un tipo de divorcio que procederá en aquellos casos en que uno de los cónyuges tiene conductas que suponen una violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, siempre que estas conductas tornen intolerable la vida en común.
Como dijimos anteriormente el artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil establece a manera de ejemplo ciertas conductas que configuran causal suficiente para este tipo de divorcio, estas son:
1º- Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos;
2º- Transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar común, es una forma de transgresión grave de los deberes del matrimonio;
3º- Condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal;
4º- Conducta homosexual;
5º- Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y
6º- Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos.
A pesar de esto se debe señalar que la ley solo hace esta enumeración a modo de ejemplo, por lo que podrían caber otras situaciones siempre que estas hagan imposible la vida en común de los cónyuges.

Los regímenes matrimoniales o patrimoniales son los estatutos jurídicos que pueden reglar las relaciones pecuniarias de los cónyuges entre sí y respecto de terceros.
Actualmente en Chile existen 3 diferentes regímenes matrimoniales, la sociedad conyugal, la participación en los gananciales, y la separación total de bienes..

En este sistema el patrimonio de ambos cónyuges forma uno solo, común para ambos, que es administrado por el marido. Esto incluye tanto el patrimonio que cada uno tenía antes de casarse como lo que adquieran durante la unión.

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Los cónyuges administran por separado su patrimonio, como en el régimen de separación de bienes, pero una vez terminado el matrimonio se compensan las utilidades que cada cónyuge obtuvo de una manera que le significó un costo, compensando las ganancias obtenidas por uno y otro, de modo que ambos participen en el total con mitades equivalentes, un sistema muy similar a la disolución de la sociedad conyugal.

Lo primero que debemos señalar es que la liquidación de la sociedad conyugal es un trámite que tiene por objeto dividir los bienes comunes de los cónyuges, que durante la vigencia de la sociedad conyugal fueron administrados por esta. Debemos hacer presente que a través de la liquidación de la sociedad conyugal los cónyuges ponen término a sus relaciones patrimoniales, debiendo quedar saldados toda deuda entre ellos, y entre estos y la sociedad conyugal.
Existen dos formas de liquidar la sociedad conyugal, la primera es de mutuo acuerdo en la cual los cónyuges llegan a acuerdo de cuanto le toca a cada uno, haciendo las concesiones que sean necesarias según el caso, este trámite se debe hacer necesariamente por escritura pública, mientras que la segunda forma de terminar la sociedad conyugal, es a través del nombramiento de un juez partidor quien siguiendo las reglas del juicio de partición de del artículo 1317 y siguientes del Código Civil, decidiendo en definitiva como se deberán repartir los bienes de la sociedad entre los cónyuges.

La participación en los gananciales a diferencia de la sociedad conyugal no se liquida, sino que solo se le pone término al régimen, y para esta finalidad existen dos formas:
Al terminar el régimen, se forma una comunidad en la cual ingresan todos los bienes que uno y otro cónyuge adquirió a título oneroso durante la vigencia de la participación en los gananciales, para posteriormente dividir la comunidad en dos partes iguales, de las cuales le corresponde una mitad a cada cónyuge.
La otra forma es a través de la denominada variante crediticia de la participación en los gananciales, la cual consiste en que al momento del término del régimen, se hace una contabilización de las ganancias que cada uno de los cónyuges ha tenido durante el matrimonio, y se establece la diferencia entre el patrimonio que los cónyuges (por separado) tenían al momento de comenzar la participación en los gananciales, y el que tienen al momento de terminarse, para que una vez determinadas las ganancias de los cónyuges, aquél que obtiene ganancias tendrá un crédito en contra del otro cónyuge, por un 50% de aquella parte en que las ganancias del otro cónyuge exceden a los propios.
Para todos estos trámites requiere asesoría de un abogado con experiencia.